La plataforma por el aborto libre, seguro y gratuito de tenerife exige a la consejeria de sanidad que elimine los obstaculos para acceder a la interrupcion voluntaria del embarazo.

La Plataforma por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito de Tenerife, con motivo de la conmemoración del 28 de Septiembre, Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto y por los Derechos Sexuales y Reproductivos, denuncian los obstaculos existentes en canarias para ejercer el derecho al aborto.

Con motivo de la conmemoracion del 28 de septiembre, dia internacional por el derecho al aborto y por los derechos sexuales y reproductivos, la plataforma por el aborto libre, seguro y gratuito de tenerife ha emitido un comunicado en el que exigen tanto al gobierno del estado como al gobierno de canarias que cumplan con sus obligaciones a la hora de garantizar el acceso a la interrupcion voluntaria del embarazo y a los servicios de atencion a la salud sexual y reproductiva.

Segun senala la plataforma hace ya 12 anos que se promulgo la ley organica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupcion voluntaria del embarazo. Sin embargo, anaden, la realidad nos muestra que hay una enorme distancia entre los derechos reconocidos en la ley y su puesta en practica por parte del gobierno estatal y del gobierno de canarias.

En este sentido denuncian la carrera de obstaculos que hay que afrontar cuando se quiere interrumpir un embarazo. Segun refieren, el servicio canario de la salud obliga a tener que desplazarse desde el municipio de residencia a las direcciones de area de salud de cada isla, ubicadas en las capitales insulares, para poder solicitar y gestionar la prestacion. Se estan requiriendo hasta tres desplazamientos consecutivos antes de que se realice la derivacion al centro donde se practicara la intervencion, lo que a juicio de la plataforma constituye un claro maltrato institucional y una barrera
a la hora de acceder a la ive. A este respecto, reclaman a la consejeria de sanidad que dicha solicitud pueda ser gestionada desde los centros de atencion primaria, y que se facilite el proceso para acceder a la prestacion.

Asimismo, denuncian que en canarias las ives que la ley califica como interrupciones del embarazo a peticion de la mujer, es decir, la inmensa mayoria de las realizadas, estan siendo derivadas por la consejeria de sanidad a las clinicas privadas concertadas (dos en tenerife y dos en gran canaria), mientras que en los centros publicos acreditados solo se estan realizando las calificadas
como interrupciones por causas medicas, que suponen un exiguo porcentaje del total. Desde la plataforma senalan que esto hace que en la mayor parte de las ocasiones quienes residen en las islas
no capitalinas tengan que desplazarse fuera de su isla para acceder a la prestacion, lo cual podria solventarse si dichos abortos fueran realizados en los hospitales publicos insulares. Anaden que
segun los ultimos datos, del total de abortos realizados en canarias en 2020, el 969% se llevaron a
cabo en centros privados, y tan solo un 31% fueron realizados en centros sanitarios publicos.

Por otro lado, ante la propuesta de modificacion de la ley organica de salud sexual y reproductiva y
de interrupcion voluntaria del embarazo, pendiente de ser debatida y aprobada en las cortes
generales, la plataforma se posiciona solicitando una ampliacion de los derechos reconocidos por la
legislacion vigente, de forma que se despenalice definitivamente el aborto voluntario, se garantice el
derecho a la libre decision de las menores de 16 y 17 anos, se regule la objecion de conciencia del
personal sanitario para que no sea un obstaculo en la practica de la ive en la sanidad publica, y se
asegure el acceso en condiciones de equidad de quienes se encuentran en situacion de especial
vulnerabilidad, como las migrantes en situacion irregular, las personas no binarias y hombres trans con
capacidad para gestar, las victimas de violencia de genero o las mujeres con discapacidad.

Desde la plataforma recuerdan que para poder ejercer los derechos sexuales y reproductivos no es
suficiente con que esten reconocidos en las leyes. Afirman que si bien es importante contar con una
legislacion adecuada, es imprescindible que exista ademas la voluntad y el compromiso de hacerla
cumplir, para lo que consideran necesario que se dediquen presupuestos suficientes a la financiacion
de los servicios publicos, y en concreto a la informacion, sensibilizacion y educacion, a la dotacion de
recursos humanos y materiales, a la formacion de profesionales, y que se articulen mecanismos de
control y seguimiento para que estos derechos queden garantizados en la practica.